Se desinfla el referendo

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Poco a poco fue bajando la marea y los ánimos se empezaron a calmar. En ambas esquinas surgieron actitudes tranquilizadoras. El presidente Uribe autorizó a su ministro del Interior para diferir la presentación del proyecto de referendo al Congreso y desistió de convocar a sesiones extras del Congreso. Por su parte, la Corte emitió un comunicado en el que, en tono tranquilo, llamó el Presidente a "respetar los fallos judiciales" y  reiteró que sus consideraciones sobre las consecuencias de la condena de Yidis Medina se limitaban a la validez del Acto Legislativo y no a la legitimidad de la elección de 2006. El comunicado sirvió para apaciguar los ánimos.

El Gobierno respondió con un comunicado más, el martes en la noche, también en tono más conciliatorio. Necesitados de instrumentos y argumentos para encontrar una salida digna y superar el grave incidente, encontraron un buen árbitro en la Corte Constitucional que, justo en ese momento, estudiaba una demanda de varias Organizaciones No Gubernamentales que piden una revisión extraordinaria del fallo que, en junio de 2005, declaró Constitucional la reforma que autorizó la reelección presidencial.

Juega el árbitro

La Corte Constitucional inició el estudio de la demanda de las ONG el miércoles 2 de julio, sobre la base de propuestas que presentó una comisión de ponentes, coordinada por el magistrado Rodrigo Escobar. La corporación decidió que los ponentes debían ser los mismos magistrados que dieron su voto favorable al Acto Legislativo en 2004, porque tenían más elementos de juicio para decidir si el delito por el que la Corte Suprema condenó a Yidis Medina podría haber viciado la voluntad del Congreso e incidido en los resultados en las urnas.

Además de Escobar, la comisión de ponentes estuvo integrada por los magistrados Manuel José Cepeda, Marco Gerardo Monroy Cabra y Clara Inés Vargas. Mauricio González, que reemplazó a Alfredo Beltrán y quien podría haber hecho parte del equipo, decidió apartarse del caso por haber sido secretario jurídico de la Presidencia del gobierno de Uribe.

La Corte consideraba más de una opción. En primer lugar, tramitar rápidamente la demanda, sin estudiarla a fondo, con un argumento de procedimiento: que no había lugar a estudiar el caso porque los fallos de constitucionalidad no se pueden revisar después de un año de haberse promulgado. En segundo lugar, hacer una análisis de fondo con altas posibilidades de llegar a la conclusión de que debía reiterar la jurisprudencia en el sentido de que sus decisiones no son rectificables. Finalmente, decidió que no es competente para revisar fallos sobre asuntos constitucionales que ya hicieron tránsito a cosa juzgada y lo hizo por una mayoría holgada: siete votos contra uno. De esa manera descartó por completo la posibilidad de cambiar la tendencia histórica y determinar que había suficientes elementos excepcionales que justificaban revisar el proceso legislativo que reformó la Constitución para introducir la reelección presidencial inmediata.

Al anochecer del miércoles, CAMBIO conoció la esencia de la decisión, basada en la tesis de "cosa juzgada constitucional", porque no existía "elemento habilitante" para la revisión. Con ese pronunciamiento del máximo juez de la Constitución la convocatoria del referendo presidencial sería innecesaria y en la práctica carecería de sentido.

Qué sigue

En síntesis, todos los elementos conducen a pensar que la polémica propuesta del presidente Uribe para adelantar elecciones se queda sin oxígeno. La puja entre el Ejecutivo y la Corte Suprema bajó de intensidad, y las posiciones jurídicas tanto de la Corte Suprema como de la Constitucional, despejaron cualquier duda sobre la legalidad de las elecciones de 2006. Desde el punto de vista jurídico, el camino de salida de la crisis se fue despejando. Y en el clima de opinión pública, la noticia de la liberación de 15 secuestrados de las Farc mediante una impecable operación de rescate, desplazó de la agenda pública la preocupación por la crisis.

No obstante, esto no significa que el asunto esté totalmente concluido. Los procesos judiciales sobre la parapolítica y la 'Yidispolítica', que involucran a altos funcionarios, siguen adelante y están ad portas de decisiones claves en materia penal y disciplinaria. En lo formal, falta ver si con los argumentos que le dieron las Cortes sobre la legitimidad de las elecciones, el Gobierno renuncia a la idea de realizar el referendo, o si la iniciativa se asfixia y va perdiendo fuerza por pura y simple falta de sentido.