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EL PUENTE DE SAN PEDRO no fue una ocasión festiva ni para el Gobierno ni para la Corte Suprema de Justicia. Los funcionarios y asesores más cercanos al presidente Álvaro Uribe se ocuparon de calibrar las diferentes opiniones sobre la propuesta de referendo con que el Jefe del Estado buscaba contrarrestar los efectos del fallo de condena a la ex representante Yidis Medina, en el cual el alto tribunal señala que en la aprobación de la reforma constitucional que dio vía libre a la reelección presidencial hubo "desviación de poder" por parte del Ejecutivo.
Hacía muchos años no se presentaba una tormenta política de semejante magnitud. La mayoría de los analistas y columnistas criticaron tanto a la Corte como al Ejecutivo, y señalaron la gravedad de una crisis de imprevisibles consecuencias que ponía en tela de juicio la estabilidad institucional. Las alertas se prendieron también entre amigos cercanos del Gobierno, miembros de los partidos de la coalición oficialista, y sectores como la Iglesia y los gremios empresariales. La sensación de zozobra e incertidumbre era evidente.
Pasado el puente, y en ambiente de crisis, los magistrados de la Corte Suprema sostuvieron intensas consultas preparatorias de una sala plena extraordinaria en la que el martes fijarían su posición frente a la ofensiva del Gobierno que, además, por medio del Consejero de Paz y el Ministerio de Protección Social, había instaurado dos demandas contra miembros del alto tribunal ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara, por presuntos nexos de magistrados con el narcotraficante Giorgio Sale, una, y por falsas imputaciones, la otra.
El lunes 30, las posiciones en ambos flancos parecían haberse suavizado. Los hombres más cercanos a Uribe, entre ellos el secretario general Bernardo Moreno y el recién posesionado ministro del Interior Fabio Valencia, le recomendaron al mandatario reconsiderar la propuesta del referendo porque estaba produciendo un efecto de bumerán que podría resultar muy costoso en términos políticos para el Gobierno y acarrear efectos nocivos para la economía.
En buena medida, los asesores de Palacio basaron su recomendación en las múltiples y duras críticas que, dentro y fuera del país, había recibido la propuesta de repetir elecciones y en las dudas sobre su viabilidad jurídica. En el Gobierno caló hondo una opinión del ex vicepresidente Humberto de la Calle, especialista en Derecho Público y miembro de la recién nombrada Comisión de Notables para el reajuste institucional, quien explicó en el programa Hora 20 de Caracol Radio que ni la Constitución ni la ley hacían viable una consulta de esa naturaleza y que para sacarla adelante era necesario reformar la Carta Política o pasar por encima de ella.
En el preámbulo de la sala plena, la Corte descartó propuestas sueltas de algunos miembros de la Sala Penal, como denunciar penalmente al Presidente por injuria y calumnia, o hacer una "renuncia simbólica" para llamar la atención sobre la ausencia de garantías para la administración de justicia. Prevaleció, sin embargo, lo que el presidente de la corporación Francisco Ricaurte llamó "corriente de la sindéresis".
Un bloque mayoritario coincidió en que era necesario dar una respuesta firme pero ponderada y abogar por una salida a la crisis dentro de los cauces institucionales. Por eso el pronunciamiento de fondo se limitó a reivindicar las razones de Derecho que sirvieron de sustento a la sentencia contra Yidis Medina y a rechazar las insinuaciones del Gobierno sobre la injerencia del "terrorismo" en las consideraciones del fallo.
El martes 1, cuando se inició la sala plena extraordinaria, los 25 magistrados coincidieron en la necesidad de dejar abierta la puerta para recuperar la armonía en las relaciones con el Gobierno y por eso ratificaron la autorización al presidente del tribunal para reunirse "de manera oficial y protocoloria" con el nuevo ministro Fabio Valencia Cossio, que había pedido audiencia con la sala plena.